Derecha empuja al
Gobierno,
ahogar el Proceso
Descentralista
Aprovechando alto
escenario de procesos de corrupción en varios gobiernos regionales, la derecha
pretende desconocer y liquidar el proceso descentralista, como ocurrió en la primera
experiencia de los 80, cuando el fujimorismo a partir del golpe del 5 de
febrero, liquidó a los gobiernos regionales y volvió a manejar desde Lima y con
encargados a dedo las regiones, con resultados nefastos.
Los grupos de poder
económico nunca estuvieron de acuerdo con la descentralización, este proceso
fue arrancada por las luchas de las regiones y pueblos, por ello es que ahora estos grupos
fácticos teniendo controlado el gobierno nacional, por la claudicación de
Ollanta Humala, pretenden avanzar en el control total de las regiones y los grandes
recursos económicos y naturales como: las minas, el gas, la Amazonía, el agua
dulce, entre otros, se encuentran ubicados en las regiones, espacio de gobierno
donde hay una mayor participación y distribución de los recursos y la riqueza
generada en dichos territorios, como son el canon y sobre canon, entre otros.
La voracidad de los grupos de poder no tiene límites, quieren el poder total.
La campaña contra la
descentralización no es nueva, fue permanente, primero acusaron a las regiones
que estos “no tienen capacidad de gasto”, pero en pocos años los gobiernos regionales demostraron
que las instancias tenían una mayor capacidad y calidad de inversión, que los
ministerios y programas nacionales.
En seguida la campaña,
acusó que en “las regiones no se permitían las inversiones”, otra mentira desbaratada por la
realidad, las propias estadísticas oficiales y empresariales nacionales e
internacionales, demostraron que los principales núcleos de inversión nacional,
ahora se encuentran en las regiones, de ahí la desesperación.
La campaña escaló a
otro nivel, dicen que “las regiones no han modificado en nada los bajos
indicadores sociales”
mintiendo, por cuanto gracias a las regiones y municipios es que se han
avanzado en algo en políticas de inclusión social y productiva, educación,
salud, vivienda. Ocultan cínicamente por otro lado, que los principales
programas y políticas sociales, se encuentra y son de responsabilidad del
gobierno nacional. Los millones de soles manejados desde el gobierno nacional
en toda la última década, fueron y están destinados a estos programas y sin
participación regional y municipal. Sólo que estos programas fracasaron por su
manejo populista y de clientelaje político de Toledo, García y Humala.
Vino también la
satanización en señalar que “las regiones son territorios de alta convulsión
social y desgobierno”
cuando en verdad es que gracias a las regiones la gobernabilidad y la
estabilidad política nacional no se han polarizado más. Le corresponde a las acciones
del gobierno nacional, el haber tomado decisiones confrontacionales que han
generado el rechazo de la población, las acciones explosivas en Bagua, Conga,
Espinar, Puno, Madre de Dios, entre otros, fueron provocadas y originadas por
la decisión nacional y en ningún caso por responsabilidad de los gobiernos
regionales.
Desde el gobierno de
Alan García, empezó con mayor virulencia la recentralización y paralización de
la descentralización,
se desactivo el Consejo Nacional de Descentralización como ente rector del
proceso, pasaron luego al recorte y paralización de la transferencia de
funciones y competencias a las regiones, reteniendo todas las decisiones
fundamentales de gobierno. Un nuevo paso en dicha dirección, es el recorte
injustificado del canon gasífero y minero, así como del presupuesto del
nacional, manejado ahora básicamente desde el MEF.
Con el cinismo que
acostumbra la derecha y los grupos de poder, exigen soluciones y resultados a
las regiones, con apenas diez años de gestión y existencia, después de haber abandonado a las
regiones y pueblos durante más de 500 años, en que se ha implementado un modelo
centralista, excluyente y con mecanismos de gobierno altamente centralizado y
presidencialista.
En esta corta década
del proceso descentralista en plena maduración y experticia, nadie puede
ocultar y esconder que existen limitaciones y nudos a desatar, pero es una
crisis de crecimiento y desarrollo; recién se perciben y encaran los grandes proyectos,
superando la fragmentación y dispersión de inversiones y obras, mejorando la
calidad y la velocidad de las inversiones, redistribuyendo mejor el
presupuesto, priorizar las políticas productivas y sociales frente a la tendencia
cementera de obras en infraestructura.
Son parte de la crisis
en las regiones, también la falta de un sistema democrático de partidos, en las regiones y provincias al
igual que en el plano nacional, no hay partidos y movimientos regionales
sólidos y en funcionamiento, sólo aparecen como clubes electorales en las campañas,
por cuya razón el proceso de selección de candidaturas es una réplica nacional
de caudillos y caciques, sin democracia, programa y control democrático.
La participación
ciudadana ha tenido grandes logros por primera vez en el presupuesto
participativo y en los comités de vigilancia, sin embargo en los últimos años
existe un estancamiento y agotamiento, primero por la falta del carácter vinculante de sus
acuerdos, así como por la crisis de representación de las propias
organizaciones sociales y profesionales del ámbito.
Esta ausencia de
participación y gestión política y ciudadana, ha pretendido ser suplantada por
la “judicialización de la política”, por el cual cantidad de aventureros y fracasados de la
política, pretenden entregar las decisiones de gobierno al poder judicial,
poder por otro lado altamente cuestionado y controlado por las huestes de Alan
García, resultando que regiones y municipios ganados electoralmente por un
determinado partido, por una decisión judicial pasan al control de otro partido
y elemento que no paso por las elecciones. Una especie de golpe blanco.
La corrupción es un
virus nacional que ataca a todo el país, a los ministerios, regiones, municipios,
empresas públicas, etc. los gobiernos regionales no son una excepción, son parte
de toda la estructura mafiosa heredada del fujimorismo y que deben ser enfrentados drástica
y severamente. Creando mayores mecanismos de control y participación social y
legal en las licitaciones, inversiones y ejecución de obras, haciendo un
seguimiento con mayor transparencia. La derecha es la menos indicada para
levantar estas banderas, cuando el virus de la corrupción fue llevada hasta la
esfera más alta del país, la Presidencia de la República, no por casualidad se
encuentra en la cárcel Fujimori, García se oculta en la prescripción y tiene
miedo al caso de los narco indultos y BTR actualmente, así como Ecoteva es una
espada con Toledo. El estado cleptocrático que ampara la constitución
neoliberal, requiere con urgencia su cambio y reemplazo por un nuevo contrato
social, democrático y con un estado de derecho.
Que caiga todo el peso
de la ley a los que cometieron actos de corrupción en todos los niveles, pero este cáncer no puede ser
aprovechado por los grupos de poder, para acabar con la descentralización,
llevando al patíbulo a las regiones.
En esta hora difícil,
se requiere que los candidatos a las elecciones regionales hablen claro y firmemente,
sin miedo y cálculo;
es fundamental que los frentes y gobiernos regionales se pronuncien, que las
organizaciones sociales, la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales y
Municipalidades del Perú, defiendan la descentralización y exijan su
profundización, señalando claramente el combate contra el flagelo de la
corrupción y la burocracia.
Sería una ironía de la
vida, que se realicen las elecciones regionales, para entregarles a los
presidentes electos una caricatura de gobiernos regionales, como quiere la derecha, que
pretende llevar de la mano a Ollanta Humala a enfrentar a las regiones,
buscando un baño de sangre, porque es evidente que las sociedades regionales no
permitirán jamás un retroceso.
Estamos en una hora
crucial para que surja un relanzamiento y profundización de la
descentralización, esta es una agenda que debe ser incluido en la batalla
general de los pueblos del Perú frente al modelo neoliberal centralista.
